https://soyespirita.blogspot.com/2022/07/14th-amendment-fourteenth-amendment.html
La Decimocuarta Enmienda (Enmienda XIV) a la Constitución de los Estados Unidos fue adoptada el 9 de julio de 1868, como una de las Enmiendas de la Reconstrucción. A menudo considerada como una de las enmiendas más importantes, aborda los derechos de ciudadanía y la igualdad de protección ante la ley y se propuso en respuesta a cuestiones relacionadas con los antiguos esclavos después de la Guerra Civil Estadounidense. La enmienda fue duramente impugnada, particularmente por los estados de la Confederación derrotada, que se vieron obligados a ratificarla para recuperar la representación en el Congreso. La enmienda, particularmente su primera sección, es una de las partes más litigadas de la Constitución, y constituye la base de decisiones históricas de la Corte Suprema, como Brown v. Board of Education (1954) con respecto a la segregación racial, Roe v. Wade (1973) con respecto a aborto (anulado en 2022), Bush v. Gore (2000) con respecto a las elecciones presidenciales de 2000, y Obergefell v. Hodges (2015) con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. La enmienda limita las acciones de todos los funcionarios estatales y locales, y también de aquellos que actúan en nombre de dichos funcionarios.
La primera sección de la enmienda incluye varias cláusulas: la Cláusula de Ciudadanía, la Cláusula de Privilegios o Inmunidades, la Cláusula de Debido Proceso y la Cláusula de Igual Protección. La Cláusula de Ciudadanía proporciona una definición amplia de ciudadanía, anulando la decisión de la Corte Suprema en Dred Scott v. Sandford (1857), que había sostenido que los estadounidenses descendientes de esclavos africanos no podían ser ciudadanos de los Estados Unidos. Desde los Casos del Matadero (1873), se ha interpretado que la Cláusula de Privilegios o Inmunidades hace muy poco.
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Fourteenth Amendment to the United States Constitution - Wikipedia
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fourteenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution
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La Cláusula del debido proceso prohíbe a los gobiernos estatales y locales privar a las personas de la vida, la libertad o la propiedad sin un procedimiento justo. La Corte Suprema ha dictaminado que esta cláusula hace que la mayor parte de la Declaración de Derechos sea aplicable tanto a los estados como al gobierno federal, así como también reconoce los requisitos sustantivos y procesales que las leyes estatales deben satisfacer. La Cláusula de Igualdad de Protección requiere que cada estado brinde igual protección bajo la ley a todas las personas, incluidos todos los no ciudadanos, dentro de su jurisdicción. Esta cláusula ha sido la base de muchas decisiones que rechazan la discriminación irracional o innecesaria contra personas pertenecientes a diversos grupos.
Las secciones segunda, tercera y cuarta de la enmienda rara vez se litigan. Sin embargo, la referencia de la segunda sección a "rebelión u otro delito" se ha invocado como motivo constitucional para la privación de derechos por delitos graves. La cuarta sección se llevó a cabo, en Perry v. United States (1935), para prohibir que un Congreso actual derogue un contrato de deuda contraído por un Congreso anterior. La quinta sección otorga al Congreso la facultad de hacer cumplir las disposiciones de la enmienda mediante "legislación apropiada"; sin embargo, bajo City of Boerne v. Flores (1997), este poder no puede usarse para contradecir una decisión de la Corte Suprema que interpreta la enmienda.
Sección 3. Ninguna persona será Senador o Representante en el Congreso, o elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupará ningún cargo, civil o militar, en los Estados Unidos o en cualquier Estado, que, habiendo prestado previamente juramento, como un miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, se ha involucrado en una insurrección o rebelión contra el mismo, o dado ayuda o consuelo a los enemigos del mismo. Pero el Congreso podrá, por el voto de las dos terceras partes de cada Cámara, remover tal incapacidad.
Poco después de perder la Guerra Civil en 1865, los estados que habían sido parte de la Confederación comenzaron a enviar a ex confederados "impernitentes" (como el ex vicepresidente de la Confederación, Alexander H. Stephens) a Washington como senadores y representantes. El Congreso se negó a sentarlos y redactó la Sección 3 para perpetuar, como un imperativo constitucional, que cualquiera que viole su juramento a la Constitución debe ser excluido de la función pública.[190] La sección 3 descalifica para un cargo federal o estatal a cualquier persona que, habiendo prestado juramento como funcionario público para apoyar la Constitución, posteriormente se involucre en una "insurrección o rebelión" contra Estados Unidos o brinde "ayuda y consuelo" a sus enemigos.[191][ 192] Los sureños se opusieron firmemente, argumentando que dañaría la reunificación del país.[191]
La Sección 3 no especifica cómo debe invocarse, pero la Sección 5 dice que el Congreso tiene poder de ejecución. En consecuencia, el Congreso hizo cumplir la Sección 3 al promulgar la Ley de Ejecución de 1870, cuya parte pertinente fue derogada en 1948; todavía existe un estatuto federal vigente que inicialmente fue parte de la Ley de Confiscación de 1862 (y revisada en 1948), que descalifica a los insurrectos para ocupar cargos federales.[193][194] Además, cada cámara del Congreso puede expulsar o excluir miembros por insurrección u otros motivos, aunque no está claro si se necesitarán más votos para expulsar que para excluir.[195][196][197] Otra forma en que el Congreso puede hacer cumplir la Sección 3 es a través de un juicio político, e incluso antes de la adopción de la Decimocuarta Enmienda, el Congreso acusó y descalificó al juez federal West Humphreys por insurrección.[198]
Después de la adopción de la enmienda en 1868, la descalificación rara vez se hizo cumplir en el Sur.[190][191] A instancias del presidente Ulysses S. Grant, en 1872 el Congreso aprobó la Ley de amnistía, que eliminó la descalificación de todos excepto los confederados de mayor rango.[196] En 1898, como un "gesto de unidad nacional"[191] durante la Guerra Hispanoamericana, el Congreso aprobó otra ley que ampliaba la amnistía.[199][200] El Congreso levantó póstumamente la descalificación del general confederado Robert E. Lee en 1975,[201] y del presidente confederado Jefferson Davis en 1978.[191][192][202] Estas exenciones no impiden que la Sección 3 se utilice en la actualidad.[196]
Desde la Reconstrucción, la Sección 3 se ha invocado solo una vez: se usó para impedir que el miembro del Partido Socialista de América, Victor L. Berger, de Wisconsin, condenado por violar la Ley de Espionaje por oponerse a la entrada de EE. UU. en la Primera Guerra Mundial, asumiera su escaño en la Cámara. de Representantes en 1919 y 1920.[191][197][203] La condena de Berger fue anulada por la Corte Suprema en Berger v. Estados Unidos (1921), después de lo cual fue elegido para tres mandatos sucesivos en la década de 1920; estuvo sentado durante los tres mandatos.[204]
Fourteenth Amendment to the United States Constitution
The Fourteenth Amendment (Amendment XIV) to the United States Constitution was adopted on July 9, 1868, as one of the Reconstruction Amendments. Often considered as one of the most consequential amendments, it addresses citizenship rights and equal protection under the law and was proposed in response to issues related to former slaves following the American Civil War. The amendment was bitterly contested, particularly by the states of the defeated Confederacy, which were forced to ratify it in order to regain representation in Congress. The amendment, particularly its first section, is one of the most litigated parts of the Constitution, forming the basis for landmark Supreme Court decisions such as Brown v. Board of Education (1954) regarding racial segregation, Roe v. Wade (1973) regarding abortion (overturned in 2022), Bush v. Gore (2000) regarding the 2000 presidential election, and Obergefell v. Hodges (2015) regarding same-sex marriage. The amendment limits the actions of all state and local officials, and also those acting on behalf of such officials.
The amendment's first section includes several clauses: the Citizenship Clause, Privileges or Immunities Clause, Due Process Clause, and Equal Protection Clause. The Citizenship Clause provides a broad definition of citizenship, nullifying the Supreme Court's decision in Dred Scott v. Sandford (1857), which had held that Americans descended from African slaves could not be citizens of the United States. Since the Slaughter-House Cases (1873), the Privileges or Immunities Clause has been interpreted to do very little.
The Due Process Clause prohibits state and local governments from depriving persons of life, liberty, or property without a fair procedure. The Supreme Court has ruled this clause makes most of the Bill of Rights as applicable to the states as it is to the federal government, as well as to recognize substantive and procedural requirements that state laws must satisfy. The Equal Protection Clause requires each state to provide equal protection under the law to all people, including all non-citizens, within its jurisdiction. This clause has been the basis for many decisions rejecting irrational or unnecessary discrimination against people belonging to various groups.
The second, third, and fourth sections of the amendment are seldom litigated. However, the second section's reference to "rebellion, or other crime" has been invoked as a constitutional ground for felony disenfranchisement. The fourth section was held, in Perry v. United States (1935), to prohibit a current Congress from abrogating a contract of debt incurred by a prior Congress. The fifth section gives Congress the power to enforce the amendment's provisions by "appropriate legislation"; however, under City of Boerne v. Flores (1997), this power may not be used to contradict a Supreme Court decision interpreting the amendment.
Section 3. No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may, by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.
Soon after losing the Civil War in 1865, states that had been part of the Confederacy began to send "unrepentant" former Confederates (such as the Confederacy's former vice president, Alexander H. Stephens) to Washington as Senators and Representatives. Congress refused to seat them and drafted Section 3 to perpetuate, as a constitutional imperative, that any who violate their oath to the Constitution are to be barred from public office.[190] Section 3 disqualifies from federal or state office anyone who, having taken an oath as a public official to support the Constitution, subsequently engages in "insurrection or rebellion" against United States or gives "aid and comfort" to its enemies.[191][192] Southerners strongly opposed it, arguing it would hurt reunification of the country.[191]
Section 3 does not specify how it is to be invoked, but Section 5 says Congress has enforcement power. Accordingly, Congress enforced Section 3 by enacting the Enforcement Act of 1870, the pertinent portion of which was repealed in 1948; there is still a current federal statute that was initially part of the Confiscation Act of 1862 (and revised in 1948), disqualifying insurrectionists from federal office.[193][194] Moreover, each house of Congress can expel or exclude members for insurrection or other reasons, although it is uncertain whether more votes may be required to expel than to exclude.[195][196][197] A further way that Congress can enforce Section 3 is via impeachment, and even prior to the adoption of the Fourteenth Amendment Congress impeached and disqualified federal judge West Humphreys for insurrection.[198]
After the amendment's adoption in 1868, disqualification was seldom enforced in the South.[190][191] At the urging of President Ulysses S. Grant, in 1872 Congress passed the Amnesty Act, which removed the disqualification from all but the most senior Confederates.[196] In 1898, as a "gesture of national unity"[191] during the Spanish–American War, Congress passed another law broadening the amnesty.[199][200] Congress posthumously lifted the disqualification from Confederate general Robert E. Lee in 1975,[201] and Confederate president Jefferson Davis in 1978.[191][192][202] These waivers do not bar Section 3 from being used today.[196]
Since Reconstruction, Section 3 has been invoked only once: it was used to block Socialist Party of America member Victor L. Berger of Wisconsin – convicted of violating the Espionage Act for opposing US entry into World War I – from assuming his seat in the House of Representatives in 1919 and 1920.[191][197][203] Berger's conviction was overturned by the Supreme Court in Berger v. United States (1921), after which he was elected to three successive terms in the 1920s; he was seated for all three terms.[204]
2021 United States Capitol attack
On January 10, 2021, Nancy Pelosi, the Speaker of the House, formally requested Representatives' input as to whether to pursue Section 3 disqualification of outgoing President Donald Trump because of his role in the attack on the United States Capitol on January 6.[192][190] Unlike impeachment, which requires a supermajority to convict, disqualification under Section 3 would only require a simple majority of each house of Congress.[191][196]
The Section 3 disqualification could be imposed by Congress passing a law or a nonbinding resolution stating that the January 6 riot was an insurrection, and that anyone who swore to uphold the Constitution and who incited or participated in the riot is disqualified under Section 3.[190] Some legal experts believe a court would then be required to make a final determination that Trump was disqualified under Section 3.[191] A state may also make a determination that Trump is disqualified under Section 3 from appearing on that state's ballot.[192] Trump could appeal in court any disqualification by Congress or by a state.[197] In addition to state or federal legislative action, a court action could be brought against Trump seeking his disqualification under Section 3.[196]
On January 11, 2021, Representative Cori Bush (D-MO) and 47 cosponsors introduced a resolution calling for expulsion, under Section 3, of members of Congress who voted against certifying the results of the 2020 US presidential election or incited the January 6 riot. Those named in the resolution included Republican Representatives Mo Brooks of Alabama and Louie Gohmert of Texas, who took part in the rally that preceded the riot, and Republican Senators Josh Hawley of Missouri and Ted Cruz of Texas, who objected to counting electoral votes to certify the 2020 presidential election result.[192][190]
After Representative Madison Cawthorn (R-NC) declared his intent to run for re-election in 2022, a group of North Carolina voters from Cawthorn's district filed a lawsuit alleging that a speech he gave immediately prior to the Capitol attack incited it, and, therefore, Section 3 disqualified him from holding federal office. A federal judge entered a preliminary injunction in favor of Cawthorn, citing the Amnesty Act of 1872;[205] however, on May 24, 2022, an appeals court ruled that this law applied only to people who committed "constitutionally wrongful acts" before 1872.[206] A similar challenge, which a federal court declined to block, was filed against Marjorie Taylor Greene (R-GA) and heard in April 2022 in Atlanta. Greene sued to strike down the law that allowed contesting her eligibility as unconstitutional.[207]
Decimocuarta Enmienda La Decimocuarta Enmienda aborda muchos aspectos de la ciudadanía y los derechos de los ciudadanos. La frase más utilizada, y frecuentemente litigada, en la enmienda es "igual protección de las leyes", que ocupa un lugar destacado en una amplia variedad de casos emblemáticos, incluidos Brown v. Board of Education (discriminación racial), Roe v. Wade (derechos reproductivos), Bush v. Gore (recuentos electorales), Reed v. Reed (discriminación de género) y University of California v. Bakke (cuotas raciales en la educación). Ver más...
Sección 1.
Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen. Ningún estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso de ley; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes.
Sección 2.
Los representantes se repartirán entre los varios estados según su número respectivo, contando el número entero de personas en cada estado, excluidos los indios no gravados. Pero cuándo el derecho a votar en cualquier elección para la elección de electores para Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, Representantes en el Congreso, los funcionarios ejecutivos y judiciales de un estado, o los miembros de la legislatura del mismo, se niega a cualquiera de los habitantes masculinos de dicho estado, que tengan veintiún años de edad y sean ciudadanos de los Estados Unidos, o de cualquier otra manera menoscabados, excepto por participación en rebelión u otro delito, la base de representación en él se reducirá en la proporción que el número de tales ciudadanos varones será igual al número total de ciudadanos varones de veintiún años de edad en dicho estado.
Sección 3.
Ninguna persona será Senador o Representante en el Congreso, o elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupará ningún cargo, civil o militar, en los Estados Unidos o en ningún estado, que, habiendo prestado previamente juramento, como miembro de Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, se ha involucrado en una insurrección o rebelión contra la misma , o dado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso podrá, por el voto de las dos terceras partes de cada Cámara, remover tal incapacidad.
Sección 4.
No se cuestionará la validez de la deuda pública de los Estados Unidos, autorizada por la ley, incluidas las deudas contraídas para el pago de pensiones y gratificaciones por servicios en la represión de insurrección o rebelión. Pero ni los Estados Unidos ni ningún estado asumirá ni pagará ninguna deuda u obligación contraída en ayuda de la insurrección o rebelión contra los Estados Unidos, ni ningún reclamo por la pérdida o emancipación de ningún esclavo; pero todas esas deudas, obligaciones y reclamaciones se considerarán ilegales y nulas.
Sección 5.
El Congreso tendrá facultad para hacer cumplir, mediante la legislación correspondiente, las disposiciones de éste artículo.
wex resources
Section 1.
Privileges and Immunities Clause
Civil Rights
Slaughterhouse Cases
Due Process
Substantive Due Process
Right of Privacy: Personal Autonomy
Territorial Jurisdiction
Equal Protection
Plessy v. Ferguson (1896)
Plyer v. Doe (1982)
Section 4.
Debt
Section 5.
Enforcement Power
Commerce Clause
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14th Amendment The Fourteenth Amendment addresses many aspects of citizenship and the rights of citizens. The most commonly used -- and frequently litigated -- phrase in the amendment is "equal protection of the laws", which figures prominently in a wide variety of landmark cases, including Brown v. Board of Education (racial discrimination), Roe v. Wade (reproductive rights), Bush v. Gore (election recounts), Reed v. Reed (gender discrimination), and University of California v. Bakke (racial quotas in education). See more...
Soy Espírita por Convicción... :
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https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv#:~:text=No%20state%20shall%20make%20or,equal%20protection%20of%20the%20laws
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